El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el acceso a la sanidad pública, que impide el establecimiento de nuevos copagos y considera la “gestión directa” como modelo prioritario para la prestación de los servicios, estableciendo la “excepcionalidad” de colaboraciones público-privadas.
La Ministra de Salud, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE/ Javier Lizón
El proyecto de ley prioriza la gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios, lo que según el Gobierno es una forma de “blindar” la sanidad pública en un contexto en el que varias autonomías han externalizado los servicios sanitarios.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido que la ley que ahora se envía al Congreso para su tramitación mejora, amplía y “devuelve” derechos a los ciudadanos, aunque ayer Podemos expresó “serias dudas” de que realmente sirva para evitar la privatización de asistencia sanitaria.
“Quiero decir alto y claro que nace del cumplimiento del programa de progreso del Gobierno”, afirmó.
De hecho, según explicó Darias en la rueda de prensa, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una visión complementaria y solidaria, nunca sustitutiva y siempre objetivamente motivada, “sólo cuando no sea posible la gestión directa”.
Control de la externalización de servicios
Las administraciones públicas deben cumplir una serie de requisitos y motivar la externalización. Según el ministro, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o indicadores comunes para aprobar que los servicios públicos sean prestados por empresas privadas.
A juicio de la ministra, éste “respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas” y se basa en el modelo de “cogobernanza”. Este es uno de los aspectos del texto que no se incluyó en el anteproyecto que se aprobó en noviembre.
Cierra la puerta a los copagos
La nueva ley de salud pública recupera la carta única de servicios comunes y cierra la puerta a la implantación de nuevos copagos por servicios públicos. Además, exonera a los colectivos más vulnerables del copago sanitario por productos ortoprotésicos, como se hizo en su día con los copagos farmacéuticos.
Estos colectivos vulnerables son las personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), los pensionistas con rentas más bajas, los menores con discapacidad reconocida y las personas con rentas bajas por hijos a cargo. En total, estos grupos suman 6 millones de personas.
Ley de salud pública y acceso universal
La norma recoge la universalidad del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, y amplía el derecho al cuidado a nuevos colectivos como las personas de origen español que residen en el extranjero durante sus viajes al territorio nacional, así como a sus familiares.
Según la ministra, esto garantiza el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria de las personas solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarias de protección temporal, así como víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual, y personas no empadronadas o autorizadas como residentes en España.
Pacientes en el Consejo Interterritorial
Se establece la participación de pacientes en órganos del Consejo Interterritorial, concretamente en el foro abierto de salud, que ya existía, pero de forma temporal y sólo para el estudio de algunos temas.
Desde el Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)que representa a 1.450 asociaciones locales o regionales que dan servicio a más de 900.000 pacientes y familiares, este proyecto de ley supone “un gran avance para uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país, tanto para las personas con enfermedades crónicas como para sus familiares y cuidadores”.
carina escobarpresidente de POP, destaca especialmente la mayor participación de los pacientes en los órganos de decisión “porque nos permitirá llevar la voz del paciente donde siempre debió ser escuchada”.