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Muerte digna: el debate sigue abierto

¿Vivir encadenado a máquinas que mantienen en forma artificial el funcionamiento de nuestro organismo es realmente vida? Esta es una pregunta de difícil respuesta. ¿Debe seguir en ese estado hasta la llegada del fin en forma natural o dejar a un lado tratamientos que extiendan la vida en un cuerpo que no tiene posibilidades de soportarla en forma digna? La actualidad en nuestro país indica que esta última no es una opción, ya que existe un vacío legal, a pesar de que en el Congreso hay numerosos proyectos que esperan el tratamiento y aprobación para alcanzar finalmente una ley que apoye el "buen morir".

Hoy el debate está en la casa, el trabajo e incluso en las escuelas a raíz del caso de Camila, una niña de dos años que sufrió complicaciones durante el parto, complicaciones que ocasionaron una imposibilidad en el habla, en la audición, en la vista. Nos acercamos al sufrimiento de Selva Herbón, su madre, que nos transmite su desgarrador pedido a través de radios, medios gráficos y televisivos: que la desconecten. A pesar de que tres comités de bioética han confirmado que la situación de la nena es irreversible, la falta de una ley impide que en el Centro Gallego se responda a sus súplicas.

Selva hizo llegar a la Cámara de Diputados una carta en la que impulsa el debate sobre el tema en el recinto, ya que si bien existe un amplio consenso en que en el caso de su hija lo recomendable es retirar el soporte vital, los profesionales médicos no pueden llevarlo a cabo debido a que existe un vacío legal y la acción sería interpretada como un homicidio.

La carta redactada por Selva Herbón fue apoyada por el diputado Miguel Bonasso, quien incentivó a la mujer para que hicera conocer el caso y así impulsar el tratamiento del proyecto de ley que presentó semanas atrás, de "Protección de la dignidad de los enfermos en situación terminal o de agonía".

Este proyecto de ley tiene como principal objetivo garantizar "la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad". De acuerdo a esta iniciativa, aquellos pacientes que se hallen en situación terminal o de agonía podrán rechazar la aplicación de procedimientos e intervenciones sanitarias propuestas por los profesionales intervinientes y/o revocar el consentimiento prestado ante un procedimiento o intervención concreta.

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